GAFI Advierte Sobre Riesgos de Stablecoins en Actividades Ilícitas
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) informa que las stablecoins representan el 84% de las transacciones cripto ilícitas que alcanzan los $154 mil millones en 2025. Este alarmante crecimiento ha llevado a instar a los emisores a implementar medidas para bloquear transferencias no autorizadas y proteger el sistema financiero.
Stablecoins y su Impacto en el Crimen Financiero
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha emitido un informe preocupante donde se revela que el 84% de las transacciones cripto ilícitas, que totalizan $154 mil millones en 2025, involucran stablecoins. Esta situación resalta una tendencia alarmante en el uso de criptomonedas para actividades delictivas a nivel global.
“Las stablecoins se han convertido en un medio preferido para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,” indicó el GAFI.
Uso de Stablecoins en Actividades Ilegales
Los grupos criminales, incluyendo organizaciones vinculadas a gobiernos como Norcorea e Irán, están utilizando stablecoins para mover fondos y financiar actividades sancionadas. Este panorama se agrava por las características de estas criptomonedas, tales como:
- Estabilidad de precios
- Liquidez
- Transferibilidad transfronteriza
Con más de 250 stablecoins circulando a nivel mundial, el GAFI está pidiendo a los emisores que implementen funciones técnicas que permitan bloquear o congelar transacciones entre billeteras que no están autorizadas. Esta medida podría ayudar a interrumpir actividades ilícitas.
Recomendaciones del GAFI
El organismo de control ha sugerido una supervisión más estricta de los emisores, así como la adopción de herramientas de análisis de blockchain. Entre las recomendaciones, se encuentran:
- Implementar listas permitidas para transacciones seguras.
- Introducir contratos inteligentes que integren medidas de cumplimiento programables.
- Hacer cumplir la “regla de viaje” para las transferencias de criptomonedas.
La creciente adopción de las stablecoins subraya la necesidad urgente de regulaciones que salvaguarden el ecosistema financiero de LATAM y el mundo, a la luz de las crecientes amenazas de la delincuencia organizada y el fraude.
