Durante la última semana de mayo de 2025, Bolivia experimentó una notable volatilidad en su tipo de cambio tras el veto del Gobierno a YPFB respecto a la operación con criptomonedas. El USDT, un criptoactivo que ha funcionado como referencia no oficial del dólar, cayó drásticamente de 17,98 a 13,40 bolivianos en menos de 24 horas después del anuncio.

El Ministerio de Economía de Bolivia, liderado por el ministro Marcelo Montenegro, argumentó que esta prohibición es parte de un esfuerzo para frenar la especulación, señalando que el USDT estaba siendo manipulado por operadores digitales. "Estábamos viendo una percepción distorsionada del tipo de cambio real", afirmó Montenegro en una conferencia de prensa.

La escasez de dólares ha llevado a muchos bolivianos a recurrir al USDT como alternativa para transacciones y ahorros, especialmente ante las restricciones legislativas sobre créditos internacionales. Sin embargo, la afirmación gubernamental de que YPFB no ha operado con criptomonedas suscita escepticismo, con algunos diputados sugiriendo que el gobierno utilizó criptoactivos para facilitar importaciones.

A medida que el Gobierno busca controlar la situación, se han propuesto nuevas políticas para aumentar la disponibilidad de divisas, como el establecimiento de un límite de ingreso de efectivo de hasta 50,000 dólares. Sin embargo, el dilema persiste: regular las criptomonedas sin asfixiar un mercado que ha surgido como una respuesta a la crisis del sistema financiero formal.

Este caso refleja cómo varios países latinoamericanos navegan la complejidad de la regulación cripto, balanceando el control estatal y la realidad económica que empuja a los ciudadanos hacia alternativas digitales. Con el ecosistema cripto en expansión, las decisiones gubernamentales seguirán influyendo directamente en la adopción y la regulación de criptomonedas en la región.