Un cambio clave en la ley pionera

El gobierno de El Salvador aprobó de manera urgente una reforma a su histórica ley de bitcoin, que en 2021 lo convirtió en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal. La modificación más relevante elimina la obligación que tenían los comercios de aceptar bitcoin como medio de pago, algo que hasta ahora era mandatorio por ley.

La presión del FMI detrás de la reforma

Este giro normativo se da en el contexto de un acuerdo de financiamiento por 1.400 millones de dólares que El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional. El organismo había expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por los riesgos fiscales y financieros que implicaba la política bitcoiner de Nayib Bukele, y condicionó parte del desembolso a cambios concretos en el marco legal cripto del país.

El FMI viene señalando desde la sanción de la ley original que la volatilidad del bitcoin y su uso obligatorio en la economía podían generar pasivos contingentes para el Estado y complicar la estabilidad macroeconómica. Con esta reforma, El Salvador cede en uno de los puntos más simbólicos de su experimento cripto para destrabar el financiamiento internacional.

Qué cambia para los salvadoreños

Con la nueva normativa, aceptar bitcoin pasa a ser voluntario tanto para empresas como para comercios, algo que en la práctica ya venía sucediendo: distintos relevamientos habían mostrado una adopción real muy baja del bitcoin como medio de pago cotidiano, pese a la obligación legal. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda de referencia del país, tal como ocurre desde 2001.

El gobierno de Bukele, de todos modos, insiste en que no abandona su estrategia bitcoiner: la reserva de bitcoin que el Estado salvadoreño acumula desde 2021 seguiría en pie, y la ley mantiene otros elementos del ecosistema cripto impulsado por el oficialismo, como la billetera estatal Chivo.

Un antecedente para la región

El caso salvadoreño funciona como termómetro para otros países de América Latina que evalúan políticas cripto propias. La marcha atrás en la obligatoriedad muestra las tensiones entre la adopción soberana de bitcoin y las exigencias de organismos multilaterales como el FMI, especialmente para economías que dependen de líneas de crédito internacional.

Para la Argentina, que también mantiene un programa vigente con el FMI, el episodio salvadoreño ilustra los límites que puede imponer el organismo a experimentos monetarios con criptomonedas, un dato relevante en momentos donde crece el debate local sobre regulación cripto y uso de stablecoins dolarizadas.

Fuente: Cointribune.