En un reciente operativo llevado a cabo el 22 de abril de 2026 en Pedro Juan Caballero, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay, en colaboración con el Ministerio Público, logró desmantelar una granja de minería de Bitcoin que operaba de forma ilegal. Durante esta intervención, las autoridades incautaron:

• Seis mineros de Bitcoin
• Una laptop
• Diversos equipos informáticos

La confiscación se produjo debido a una conexión ilegal a la red eléctrica nacional, generando un perjuicio económico estimado en 22.000 dólares. La propiedad, registrada a nombre de Marcos Antonio Rojas, presentaba irregularidades significativas en la instalación eléctrica, permitiendo un consumo no reportado de aproximadamente 30 amperios.

Este operativo se ampara en la Ley N.º 7300/2024, que tiene como objetivo proteger el sistema eléctrico nacional, endureciendo las sanciones contra el robo de energía, incluyendo penas de hasta 10 años de prisión. Con esta medida, el gobierno paraguayo reafirma su política de tolerancia cero hacia las conexiones ilegales.

Además, este esfuerzo se contrasta con los planes del gobierno de Santiago Peña para institucionalizar las criptomonedas. Recientemente, la ANDE firmó un acuerdo con la empresa Morphware para utilizar los equipos confiscados en la implementación de inteligencia artificial. Sin embargo, la eficacia de esta estrategia podría verse afectada por el envejecimiento de muchos de los modelos confiscados.

A medida que Paraguay intensifica sus operaciones contra la minería ilegal, se abre un debate sobre la regulación y la adopción de activos digitales en la región, resaltando la necesidad de un marco legal claro que potencie la economía digital sin afectar la red eléctrica del país.