Colombia implementa controles fiscales sobre criptomonedas a partir de 2026

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La DIAN de Colombia refuerza su control fiscal sobre criptomonedas con la nueva Resolución 000240, que obliga a proveedores de servicios de criptoactivos a reportar transacciones y datos de usuarios. Esta medida busca alinearse con estándares internacionales y fortalecer la trazabilidad en el ecosistema cripto del país.

Colombia implementa controles fiscales sobre criptomonedas a partir de 2026

Nuevo marco regulador de la DIAN para criptoactivos en Colombia

Este 2026 marca un cambio significativo en la regulación de las criptomonedas en Colombia, ya que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha establecido un nuevo requisito que obliga a los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (PSCA) a reportar información detallada sobre las transacciones de criptomonedas. Esto es parte de un esfuerzo más amplio para evitar la evasión fiscal y aumentar la transparencia en el ecosistema cripto.

La Resolución 000240, emitida el 24 de diciembre de 2025, incorpora el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) de la OCDE, lo que facilita el acceso de la DIAN a datos estructurados sobre operaciones con criptoactivos. Aunque los usuarios finales no tendrán que reportar directamente, esta nueva norma afecta significativamente la forma en que se gestionan las transacciones en el país.

Obligaciones de los proveedores de criptoactivos

La norma establece que los PSCA deben reportar:

  • Identificación completa del usuario y residencia fiscal.
  • Número total de transacciones realizadas.
  • Valor razonable de cada operación.
  • Tipo de criptoactivo involucrado (Bitcoin, Ethereum, stablecoins, etc.).
  • Información sobre control indirecto en estructuras como fiducias.

La DIAN también habilitará alertas automáticas para transacciones superiores a USD 50.000, asegurando un monitoreo constante de operaciones significativas.

Sanciones y cumplimiento

El incumplimiento con esta norma puede tener graves consecuencias. Las multas pueden oscilar entre el 0,5% y el 1% del valor de las operaciones no reportadas, por lo que las empresas deben mantener una rigorosa documentación de sus actividades cripto.

Conclusión

La implementación de esta normativa representa un punto de inflexión en la relación entre el Estado colombiano y el mercado cripto. Si bien no se prohíben las criptomonedas, la transparencia y el cumplimiento serán claves en esta nueva etapa. Los usuarios de criptomonedas deben estar preparados para cumplir con estos nuevos requisitos para evitar sanciones y asegurar una participación eficaz en el mercado digital.