Bancos piden modificar el Clarity Act por recompensas cripto
Setenta y seis asociaciones bancarias en EE.UU. advierten sobre una 'laguna' en el Clarity Act que permitiría ofrecer rendimientos en stablecoins. Exigen enmiendas antes de la votación del Senado, argumentando que las recompensas podrían disfrazar intereses bancarios, comprometiendo la integridad del sistema financiero.

Contexto del Clarity Act
La American Bankers Association (ABA) y diversas asociaciones bancarias han iniciado una controversia sobre el Clarity Act, legislación que busca regular los activos digitales en Estados Unidos. Las entidades advierten que la sección 404 podría abrir la puerta a la regulación inadecuada de los stablecoins, permitiendo recompensas similares a intereses.
Demandas de la Coalición Bancaria
En su carta al Senado, los bancos plantean cinco modificaciones esenciales para la sección 404:
- Eliminar la palabra “solely” para que las plataformas no puedan evadir las restricciones.
- Suprimir las referencias al saldo de stablecoins y depósitos bancarios.
- Cambiar la evaluación de “equivalente” a “sustancialmente similar”.
- Retirar la subsección que permite el cálculo de recompensas según saldo, duración o antigüedad.
Esta modificación tiene como enfoque evitar que el sistema financiero se vea impactado negativamente.
Impacto en el Sistema Financiero
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, y la senadora Elizabeth Warren han expresado preocupaciones sobre la falta de supervisión en un probable esquema de recompensas. Ambos coinciden en que, sin salvaguardas éticas, las plataformas de criptomonedas podrían ofrecer rendimientos que amenazan la estabilidad del sistema financiero.
Pronto Debate en el Senado
La presión aumenta con el Senado programando una votación para el 20 de julio. Sin el apoyo de al menos nueve senadores de la oposición, el futuro del Clarity Act podría quedar en suspenso hasta después de las elecciones de medio término.
Conclusión
Este episodio destaca la necesidad de regular el sector cripto en los EE.UU. mientras Argentina y otros países de Latinoamérica observan de cerca cómo los marcos regulatorios evolucionan, planteando una pregunta fundamental: ¿cómo equilibrar la innovación financiera con la protección del consumidor?




